Los 60 ayuntamientos de Canarias con menos de 20.000 habitantes podrían quedarse en dos meses sin posibilidad legal para ofrecer la prestación de Servicios Sociales a quienes los necesiten. No podrán gastar un euro en ayudas a los vecinos, a menos que reciban las competencias del gobierno canario y, en su caso, con la correspondiente dotación presupuestaria.
La entrada en vigor, el uno de enero de 2016, de uno de los capítulos de la Ley de Racionalización de la Administración Pública del Gobierno de España, está provocando una auténtico terremoto en los municipios y en el Ejecutivo de Canarias. Esta mañana, en Lo nuestro, de Radio ECCA, conversamos sobre este tema con José Manuel Molina, presidente de la comisión de Empleo, Sanidad y Bienestar Social de la FECAM.
